Comunicado 2790
16 de Abril 2024
Dan certeza legal a la Consejería Jurídica del GEM
- El Congreso local aprobó reformas que armonizan la Constitución local con la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Por unanimidad, el Pleno de la Legislatura mexiquense aprobó reformas a la Constitución Política estatal para armonizarla con las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la entidad y sustituir las referencias a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por la Consejería Jurídica.
De acuerdo con el dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, en el caso de las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la Consejería Jurídica podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando las resoluciones pongan en peligro el interés público y la seguridad de las instituciones.
Cabe señalar que la reforma se deriva de la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, que entró en vigor el 16 de septiembre pasado, con la que se reorganizó la estructura y el funcionamiento de las dependencias del aparato administrativo y se sustituyó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por la Consejería Jurídica.
La reforma establece que, cuando sus resoluciones puedan poner en peligro el interés público y la seguridad de las instituciones locales, la Consejería Jurídica podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las disposiciones aplicables.
De acuerdo con el dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, en el caso de las resoluciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, la Consejería Jurídica podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las disposiciones aplicables, siempre y cuando las resoluciones pongan en peligro el interés público y la seguridad de las instituciones.
Cabe señalar que la reforma se deriva de la aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, que entró en vigor el 16 de septiembre pasado, con la que se reorganizó la estructura y el funcionamiento de las dependencias del aparato administrativo y se sustituyó a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos por la Consejería Jurídica.
La reforma establece que, cuando sus resoluciones puedan poner en peligro el interés público y la seguridad de las instituciones locales, la Consejería Jurídica podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia en términos de las disposiciones aplicables.