El Congreso mexiquense solicitó al Poder Judicial, a la Comisión de Derechos Humanos (Codhem) y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que atiendan las peticiones de las personas que declaran haber sido objeto de violaciones a derechos humanos o al debido proceso, en virtud de que éste es un derecho humano reconocido, tanto en el marco normativo internacional, como en el marco normativo nacional.
De conformidad con el punto de acuerdo, en días pasados se denunció ante el presidente de la República la existencia de una red de corrupción del Poder Judicial que ha llevado al encarcelamiento de personas de manera injusta y por otra parte se ha decretado la liberación de manera cuestionable y rápida a personas con poder político.
El exhorto agrega que la Codhem, al inicio del primer semestre de 2023, recibió tres mil 327 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, y más de mil 600 en lo que va de este año, siendo la FGJEM la autoridad con más quejas en su contra.
Adicionalmente, en 2021 la Codhem recibió dos mil 764 peticiones para solicitar amnistía de personas privadas de la libertad en prisiones de la entidad, conforme a la Ley en la materia; 714 en 2022; 174 en 2023; y 10 en este 2024, varios de estos promovidos por el colectivo “Haz valer mi Libertad”.
Van por simplificación administrativa en programas sociales
A fin de facilitar a personas integrantes de grupos vulnerables el acceso a los programas sociales y eliminar los excesivos trámites, se propuso a la Legislatura que la Secretaría de Finanzas y las dependencias, unidades y entidades públicas relacionadas, impulsen, en la ejecución de los programas de asistencia, una simplificación administrativa racional, adecuada y suficiente para tal efecto.
La iniciativa de reforma a las leyes de Planeación y de Desarrollo Social estatales, turnada para su análisis a la Comisión de Desarrollo y Apoyo Social, señala que los particulares destinan recursos humanos, financieros y materiales para cumplir con las obligaciones de información y trámites que les impone el gobierno, pudiendo dedicar esos recursos a otras actividades de mayor valor agregado en sus negocios o en general en su vida, tales como procesos de innovación, capacitación, producción, entre otras.