Comisiones Unidas del Congreso local acordaron una reunión de trabajo con representantes del Instituto Mexiquense para la Discapacidad, del Tribunal Superior de Justicia, del sector salud y de la Comisión de Derechos Humanos, todas de la entidad, para conocer su opinión respecto a la propuesta de la diputada Alicia Mercado Moreno que busca derogar la figura de interdicción del marco legal estatal.
La diputada Alicia Mercado (Morena), presidenta de la Comisión para la Atención de Grupos Vulnerables, dijo que los antecedentes de esta iniciativa se remontan a más de una década de exigencias a servidores públicos que se niegan a escuchar a las personas con discapacidad, y hacen caso omiso de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La interdicción es una piedra que tenemos que retirar de nuestro camino para seguir avanzando hacia una realidad inclusiva”, sostuvo la legisladora, quien agregó que históricamente las personas con discapacidad se han visto privadas en muchas esferas, y de manera discriminatoria, de su derecho a la capacidad jurídica mediante normas que deben ser abolidas para que las personas con discapacidad recobren la plena capacidad jurídica de igualdad.
El propósito de la iniciativa, abundó el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena), es que las personas con discapacidad sean tratadas como iguales ante la ley, que puedan tomar decisiones, expresar voluntades y preferencias, dotándolas de apoyos que permitan su libre manifestación de voluntad y cumplir con sus obligaciones de manera autónoma.
El legislador afirmó que las disposiciones previstas en el marco legal local, relacionadas con el juicio y estado de interdicción, contravienen los instrumentos internacionales y los artículos constitucionales que reconocen los derechos de las personas con discapacidad. Por lo que, la derogación de la figura de la interdicción a las personas con discapacidad, es de vital relevancia, ya que no solo vulnera los derechos de este sector en materia civil, sino en todos los ámbitos.
Durante la reunión de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Atención de Grupos Vulnerables, la diputada Rosa María Zetina coincidió en que las restricciones a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad son contrarias al derecho al igual reconocimiento ante la ley. Además, el estado de interdicción, como un sistema de sustitución de la voluntad, no solo es inconstitucional, sino que se equipara a la muerte civil, al negar la participación de la persona, afirmó.