El coordinador General del Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez, se pronunció por establecer en la Constitución Política local que la autorización y entrega de concesiones para la operación de servicios públicos sea bajo el principio del bien público y de la población, no de unos cuantos.
Al participar en la apertura del Parlamento Abierto Región Norte Atlacomulco, explicó que este principio no se observa y que los servicios concesionados terminan beneficiando a unos pocos y no a toda la población, como con las autopistas que, cuando pasan por tiempos de mantenimiento o sufren algún daño, terminan afectando a las personas usuarias y no por ello disminuyen sus tarifas.
Ante la presidenta del Parlamento Abierto, Montserrat Ruiz Páez, expuso que los municipios mexiquenses cuentan con la capacidad para obtener la facultad constitucional de autorizar y entregar concesiones a privados para la operación de servicios públicos como el de taxis y mototaxis, o el de grúas y arrastre de vehículos.
Por su parte, ante la presidenta del Parlamento Región Atlacomulco, Diana Gabriela Ríos Velasco, Armando Mateos Cedillo, presidente municipal de Morelos, apuntó que la Constitución y la legislación mexiquense ya no son compatibles con la realidad y hace falta actualizarlas. Acotó que desde la Legislatura se aprueban leyes que al tratar de aplicarse a cada realidad local resultan impracticables, como el caso del Sistema Municipal Anticorrupción que, para instalarlo y operarlo, requiere recursos que municipios como Morelos no tienen.
En su momento, Esperanza Dolores González Martínez y Roberto Téllez Monroy, alcaldesa y alcalde de Acambay y Atlacomulco, respectivamente, reconocieron la oportunidad que significa escuchar las voces ciudadanas, ya que eso dará fuerza y legitimidad a la reforma constitucional.
En la reunión de Parlamento Abierto participó la ciudadanía de 17 municipios de la región norte y personas servidoras públicas municipales, quienes plantearon propuestas en materia medioambiental, político-electoral, derechos de niñas, niños y mujeres, atención a embarazos tempranos y combate a la violencia de género, entre otros.