Proteger a las personas servidoras públicas e imponer sanciones ejemplares en los casos de acoso y hostigamiento sexual en el servicio público e inhibir su repetición, son propósitos de las reformas aprobadas por unanimidad del Congreso mexiquense, a propuesta de las diputadas Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena), María Luisa Mendoza Mondragón y Claudia Desiree Morales Robledo, coordinadora e integrante del Verde Ecologista.
Al exponer el dictamen, la legisladora Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena) indicó que aun cuando podría pensarse que se trata de conductas que solo aquejan al sexo femenino, actualmente hay hombres vulnerados por estos actos, por lo que incorporar la perspectiva de género en la atención de las denuncias e investigaciones abre la pauta para atacar de forma justa e imparcial estos comportamientos.
El decreto, agregó la legisladora, ayudará al personal del servicio público a evitar que se violenten sus derechos humanos relacionados a una vida libre de violencia, a su integridad física y psicológica, a su libertad sexual, al libre desarrollo de su personalidad, a la prohibición de la discriminación, así como a un medio ambiente laboral sano.
Afirmó que las y los diputados están en contra de cualquier indicio de violencia contra cualquier género, de lo cual esta reforma se constituye como una herramienta de defensa contra el hostigamiento y el acoso sexual en el servicio público.
En su intervención, la diputada María Luisa Mendoza indicó que de 2022 a 2023 se registraron 4 mil 520 casos de hostigamiento sexual y acoso sexual, delitos que limitan el derecho de las personas a trabajar en un ambiente sano, digno y seguro, y aunque ya se encuentran sancionadas en el Código Penal es necesario actualizarlas, al igual que sus agravantes, para dejar en claro que el actuar de las y los servidores públicos de la administración pública e instituciones educativas no se solapará.
Explicó que las reformas consideran aspectos en los que el hostigamiento y el acoso sexual se dan en torno al servicio público, por lo que no esperaran a que una conducta reiterativa para que se consideren falta administrativa; que las autoridades administrativas atiendan las denuncias y las investigaciones con un protocolo de investigación; se actuará de oficio, y en el caso de instituciones educativas la persona servidora pública será destituido del cargo y se le inhabilitará de uno a 10 años. La legisladora apeló a las buenas prácticas de investigación del Ministerio Público bajo la premisa de la presunción de inocencia.
De acuerdo con el dictamen, las reformas precisan la falta administrativa de hostigamiento sexual, fortalecen las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM) y reconocen la obligación de las autoridades substanciadoras y resolutoras para ordenar la práctica de pruebas en determinados casos.
En su momento, la legisladora Álvarez Nemer señaló que las reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios y al Código Penal, ambos de la entidad, no hubieran sido posibles sin el apoyo de especialistas, por lo que agradeció el respaldo de Luis Octavio Martínez Quijada y Ana Laura Martínez Moreno, magistrado y magistrada del TRIJAEM; de la directora de la Contraloría del Poder Judicial, Ana Lilia Ramírez Ortega; la exmagistrada Teresa Hernández Suárez, así como de servidores públicos del Ejecutivo estatal, y las y los legisladores.