La LXII Legislatura mexiquense recibió tres iniciativas de decreto de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, para autorizar que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl suscriba convenios de regularización de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE); al de Tlalnepantla para otorgar a la Fiscalía General de la República (FGR) un terreno, en comodato, para instalar una agencia del ministerio público; y para que Axapusco y Nopaltepec suscriban un convenio amistoso sobre el reconocimiento de sus límites territoriales. 

En sesión deliberante, presidida por el diputado Maurilio Hernández González (morena), se presentó la iniciativa para que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl y su Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento suscriban los convenios con CFE, por los adeudos, al 31 de diciembre de 2022, de 24 millones 234 mil 174.88 pesos y 82 millones 824 mil 221.83 pesos, respectivamente, a plazos máximos de 24 y 60 meses.

El documento establece como garantía de pago las participaciones federales asignadas al municipio durante la vigencia del convenio, para lo cual el gobierno estatal será responsable solidario.

Al respecto, la legisladora Susana Estrada Rojas (morena) celebró la iniciativa, porque con los convenios de regularización de deudas, derivadas por la pandemia por Covid-19, se logró la reducción de un 50 por ciento en el monto total. 

En el caso del ayuntamiento de Tlalnepantla, la iniciativa puntualiza que el área que se entregará a la FGR está ubicada en el Fraccionamiento “El Rosario”, conocida como “Salón de los Lagos”, con una superficie de 902.70 metros cuadrados y usada como iglesia y centro social. Además, puntualiza que la agencia contará con un periodo de hasta 15 años, prorrogables por otros 15 años. 

Respecto a la iniciativa del convenio entre Axapusco y Nopaltepec, se detalla que fue suscrito por los ayuntamientos el 24 de octubre pasado, donde se estableció que ambas partes realizarán trabajos conjuntos de amojonamiento y señalización en la línea limítrofe, asumiendo equitativamente los costos. 

También se indica que los ayuntamientos establecerán restricciones sobre el uso de suelo en la franja limítrofe, para preservar los límites intermunicipales, con un derecho de vía de cuatro metros de cada lado.