La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México que regirá las bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal que encabezará la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entrará en vigor el próximo 16 de septiembre, establece el decreto publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.
El nuevo ordenamiento, aprobado por unanimidad de los grupos parlamentarios del Congreso mexiquense el pasado 31 de agosto, establece las bases para la organización y el funcionamiento de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal, la cual estará integrada por 18 dependencias con rango de secretarías, así como organismos auxiliares, entre descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos asimilados.
Establece una administración pública austera y republicana, eficiente y eficaz, que se conduzca por el principio de igualdad de género, para enfrentar los retos y que responda a las necesidades y exigencias que impone la realidad.
Señala que la titular del Ejecutivo estatal contará con el apoyo de la Jefatura de Gabinete y proyectos especiales, la Secretaría Particular, la Coordinación Técnica y la Vocería de la Gubernatura, que le auxiliarán con las funciones de apoyo técnico, asesoría, evaluación y coordinación en el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.
Además, el Ejecutivo estatal contará con 18 dependencias con rango se secretarías, esto es, Secretaría General de Gobierno; Seguridad; Finanzas; Salud; del Trabajo; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; de Bienestar; Desarrollo Urbano e Infraestructura; del Campo; Desarrollo Económico; Cultura y Turismo; de la Contraloría; del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; del Agua; de las Mujeres; Movilidad; la Consejería Jurídica y la Oficialía Mayor.
Los transitorios indican que, a partir de la entrada en vigor del nuevo ordenamiento, que abrogará la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México publicada en 1981, la Legislatura contará con un plazo de 180 días naturales para su armonización jurídica, en tanto que la persona titular del Ejecutivo deberá expedir la reglamentación de las dependencias en un plazo de 90 días naturales.
Cuando alguna unidad administrativa se transfiera, conforme a la nueva ley, de una dependencia a otra, la transferencia se hará incluyendo todos los bienes y al personal sin perjuicio de sus derechos adquiridos, en tanto que los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se transferirán a la Consejería Jurídica.
Mandata también que la Secretaría de Finanzas dotará de los recursos humanos, materiales, y financieros necesarios para la creación de la Oficialía Mayor, en tanto que los recursos humanos, materiales y financieros con que cuenta la cultura física y deporte se transferirán a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros aspectos.