Las comisiones de Finanzas Públicas y Planeación y Gasto Público acordaron que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) presente al Congreso local un reporte mensual sobre el número de afiliaciones que actualmente suman casi 840 mil personas derechohabientes, así como desarrollar una agenda legislativa programática que contribuya a enfrentar su problemática.
En la reunión presidida por la diputada Mónica Álvarez Nemer (Morena), en presencia del director general del Instituto, José Arturo Lozano Enríquez, las y los legisladores coincidieron con el servidor público en que se debe impulsar un nuevo marco legal para la institución y en que es necesario mejorar su recaudación, eficientar su gasto e implementar un modelo preventivo de salud que evite mayores gastos por la atención de enfermedades crónico degenerativas.
Al explicar que este encuentro se propuso durante el análisis del paquete fiscal para este año, con el fin de aclarar dudas acerca de la situación actual del Instituto y plantear posibles soluciones, la legisladora Mónica Álvarez expuso su interés de contribuir a mejorar su viabilidad financiera sin aumentar cuotas a la derechohabiencia.
El parlamentario Francisco Javier Santos Arreola (PAN) resaltó el compromiso social de las y los trabajadores del instituto y propuso que la dependencia instituya una campaña permanente de afiliación de familiares y cercanos de personas servidoras públicas para evitar trámites engorrosos, evaluar si podrían hacerse cuotas voluntarias para facilitar la jubilación, ampliar el plazo para seguir disfrutando de servicios de salud cuando se pierde el empleo, así como seguir aportando cuotas y establecer convenios con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del Seguro Social para validar las cuotas de quienes hayan aportado al Issemym.
Presentes también, la legisladora María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) expuso que el Instituto debe hacer propuestas para una nuevo marco legal y cuestionó que a las y los pensionados se les retenga una cuota mayor que a quienes se encuentran activos, en tanto que el diputado Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI) consultó sobre la transparencia en la institución y se pronunció porque esta información sea conocida por las y los afiliados, ya que se conocen más sus debilidades que los buenos resultados que aporta y las presiones que enfrenta.
De Morena, la legisladora María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) preguntó las razones por las cuales sólo una firma farmacéutica es la autorizada para distribuir medicamentos que la dependencia no tiene, por qué se retrasa el pago a pensionados y se manejen medicamentos de baja calidad, faltan médicos especialistas o la línea telefónica de citas no funciona, así como los resultados de convenios con instituciones públicas para ponerse al día con sus cuotas y aportaciones, por los ingresos propios y las acciones contra la corrupción.
El diputado Daniel Sibaja González, quien señaló que se trata de una de las mejores instituciones y sistemas de salud del país, propuso preparar la agenda legislativa programática y trabajar conjuntamente con ella para alcanzar soluciones.
En su participación, José Arturo Lozano Enríquez, quien destacó que el gobernador Alfredo del Mazo Maza reconoció que la situación financiera del instituto está comprometida y que el pago de pensiones es una de las principales cargas. Este modelo, afirmó, no hay institución que lo soporte.
Dijo que es la tercera institución pública de salud más importante de México, luego del IMSS y el ISSSTE. Dijo que atiende a 840 mil derechohabientes sin contar a sus familiares y dependientes económicos, cuenta con una plantilla laboral de casi 380 mil servidores entre operativos, administrativos y personal médico y de enfermería, además de un promedio anual de 700 residentes que la convierte además en formadora de recursos humanos. Agregó que 607 dependencias públicas están afiliadas, opera 115 unidades médicas entre hospitales regionales, de alta especialidad y clínicas, que cada día se atiende a 46 mil personas y dos nacimientos cada hora que en conjunto implican un gasto de 100 millones de pesos diarios.
Entre los retos mencionó el atender una población creciente de adultos mayores con enfermedades crónico degenerativas y que haya solamente cinco trabajadores activos por cada pensionado, mientras que alrededor de 60 mil personas servidoras públicas solicitarán su jubilación en los próximos años.