Al iniciar el análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución Política estatal para garantizar el derecho humano de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, diputadas y diputados locales coincidieron en que esta reforma garantizará la instrumentación de acciones objetivas, políticas públicas y estrategias que contribuyan a la igualdad jurídica, la no discriminación y a erradicar todo tipo de violencia en su contra.
En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Derechos Humanos y para la Igualdad de Género, la diputada Paola Jiménez Hernández (PRI), presidenta de las comisiones unidas y autora de la iniciativa, expuso que se busca armonizar la Constitución Política local con la federal y, sobre todo, con los convenios y tratados internacionales que reconocen el derecho humano a una vida libre de violencia, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocido como Convención de Belém Do Pará.
Durante la reunión, Yndira Sandoval Sánchez, feminista, defensora de derechos humanos y activista, destacó la importancia de que la Constitución Política estatal incorpore el derecho de todos y todas a vivir libre de violencia y el derecho humano de las mujeres y de las niñas a transitar y a vivir libre de violencia, garantizando el máximo bien a titular que es la dignidad humana.
Llamó a las y a los diputados a hacer suyo lo señalado en la Convención de Belém Do Pará, y reflejarlo en la Constitución Política estatal y acompañarlo de presupuesto suficiente, pues no hacerlo es tanto como ignorar la emergencia nacional que representa que la sola condición de niñas y mujeres las mantiene en una situación insostenible de violencia.
Durante la reunión, la diputada Beatriz García Villegas (Morena) propuso incorporar en la propuesta la obligación del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los 125 ayuntamientos, así como de todas las autoridades, de garantizar una vida libre de violencia machista y patriarcal, a fin de que esta reforma no quede en letra muerta y que su incumplimiento se considere una violación a los derechos humanos.
También de Morena, la legisladora Alicia Moreno Mercado y el diputado Faustino de la Cruz Pérez, de Morena, expusieron que esta acción debe acompañarse de la atención al síndrome del maltrato infantil, así como de políticas públicas y presupuesto suficiente.
En su momento, las diputadas del PAN, Miriam Escalona Piña e Ingrid Schemelensky Castro, consideraron fundamental esta reforma constitucional, pues la mujer que es violentada en sus derechos humanos, en su hogar, en su trabajo y en las calles, difícilmente puede ejercer otros, y abonará a la igualdad sustantiva y a una sociedad que garantice el desarrollo pleno de toda persona, mientras que la diputada María Elida Castelán Mondragón (PRD) destacó la oportunidad de la iniciativa ante los índices de violencia en la entidad y el país.
La diputada Anais Miriam Burgos Hernández señaló el fracaso en las políticas públicas para proteger a mujeres y niñas pues la violencia se ha incrementado y la entidad ocupa el segundo lugar nacional en llamadas al 911 por violencia doméstica, con mil 674; es primera en feminicidios, con 58 entre 2019 y 2021, mientras en la pandemia se reportaron 310 homicidios dolosos y 9 mil 605 lesiones contra niñas, niños y adolescentes, en tanto que en el primer trimestre de 2022 se han denunciado 539 denuncias por violencia infantil, y la diputada María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) dijo que una vida libre de violencia debe ser obligación de poderes públicos y autoridades.