En el caso de feminicidio y homicidio doloso de mujeres, o su tentativa, las víctimas u ofendidos que cumplan con requisitos establecidos en la legislación tendrán acceso a los programas con perspectiva de género y de protección a niñas, niños y adolescentes con los que cuente el gobierno del Estado de México, como Valentina, Canasta Alimentaria y Reparación del Daño por Feminicidio.

Así lo acordó la mesa técnica de las comisiones para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género del Congreso local, al continuar con el análisis de las propuestas de reforma a la legislación local impulsadas por 37 legisladoras y ONU Mujeres, como parte de la iniciativa Spotlight para combatir la violencia feminicida y las desapariciones.

Con las reformas a la Ley de Víctimas del Estado de México, que incorporan las propuestas de la diputada Isabel Sánchez Holguín (PRI), presente en la reunión, este ordenamiento reconocería los programas Valentina, Canasta Alimentaria y Reparación del Daño por Feminicidio, además de ampliar los mecanismos para la reparación del daño mediante la colaboración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las secretarías de Desarrollo Social y de Finanzas, entre otras.

Durante los trabajos de la mesa técnica, que integra a los grupos legislativos y representantes de dependencias estatales, la diputada Isabel Sánchez Holguín se pronunció por respetar el sentido de progresividad de la legislación e incorporar principios ya reconocidos en normas de carácter federal; por garantizar la otorgación de las medidas de protección para víctimas directas e indirectas, a fin de que sean claras y tangibles las acciones de la Legislatura en su protección, así como por incorporar la perspectiva de infancias y adolescencias a fin de erradicar el enfoque adulto centrista.

Durante la reunión se acordó incorporar a la legislación local los principios señalados en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas, entre estos, protección de la vida e integridad física; necesidad y proporcionalidad, para que respondan al nivel de riesgo o peligro en que se encuentre la persona destinataria; confidencialidad, a fin de que la información en una investigación o proceso sea reservada, así como el de oportunidad y eficacia con el propósito de que sean adecuadas para la protección de la víctima, y se implementen durante el tiempo que garanticen su objetivo.

Al inicio de la reunión, también se aprobaron reformas a la Ley de Seguridad de la entidad para establecer que el personal de instituciones de Seguridad Pública ejecute con la debida diligencia las órdenes de protección para las niñas, las adolescentes y las mujeres víctimas de violencia y se abstengan de acciones que tiendan a inhibir, intimidar o desalentar a la víctima de violencia de género y desaparición a formular la denuncia.

Las y los integrantes de la mesa técnica, que ha sido impulsada por la diputada Karina Labastida Sotelo, presidenta de la Comisión para las Declaratorias de Alerta de Género, acordaron que en la próxima reunión se analice la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.