Con el fin de garantizar a la ciudadanía que los bienes inmuebles propiedad del municipio donde radican se ejerzan y resguarden correctamente, la diputada Araceli Casasola Salazar (PRD) planteó que las solicitudes de enajenación o desincorporación de estos bienes se acompañen de la documentación que precise que la población va a ser favorecida, así como los beneficios tangibles que recibirá el ayuntamiento.

Al presentar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, la legisladora explicó que una de las principales tareas de los ayuntamientos es salvaguardar la propiedad municipal, aunque, derivado de las necesidades sociales y de la estrategia de gobierno municipal, puede ser necesario recurrir a la enajenación, arrendamiento, usufructo o comodato, lo que debe hacerse conforme a derecho.

En este contexto, la iniciativa que analizarán las comisiones legislativas puntualiza que los ayuntamientos no pueden por sí mismos realizar estas desincorporaciones, sino que deben solicitar a la Legislatura la autorización y presentar la documentación que especifique el beneficio público y, en el caso de enajenación, señale los valores catastral y comercial del bien inmueble que se va desincorporar.

La propuesta, autoría también del diputado Omar Ortega Álvarez, destaca que las desincorporaciones de bienes inmuebles del patrimonio municipal deben estar orientadas a la realización de obras de interés público o de beneficio colectivo, como escuelas, hospitales, albergues, entre otros, que motiven la convivencia o el desarrollo de quienes habitan la demarcación.

La parlamentaria señaló que se trata de poner candados a estos procedimientos, porque el Congreso ha autorizado diversas desincorporaciones que no han tenido el destino que se esperaba, de modo que las y los legisladores deben ser vigilantes de estas peticiones.